Por fin el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión sobre el artículo 20 bis de la Ley Regional de Energías Renovables. Es decir, el Tribunal Constitucional da la razón a Murcia sobre el autoconsumo de las fotovoltaicas y libra del ‘impuesto al sol’ a los pequeños productores de energía solar.
sentencia solar

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El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión sobre el artículo 20 bis de la Ley Regional de Energías Renovables, solicitada por el Gobierno de Rajoy. Es decir, el TC da la razón a Murcia sobre el autoconsumo de las fotovoltaicas y libra del ‘impuesto al sol’ a los pequeños productores de energía solar.

Esto permite a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo aplicar la norma y definir las condiciones administrativas que deben cumplir las instalaciones para ser consideradas «aisladas del sistema eléctrico» o de «intercambio de energía». En definitiva, el tribunal otorga ‘a priori’ más libertad en la Región a la hora de sacar partido a las energías renovables, más capacidad regulatoria, aunque todavía está por ver si la ley murciana plantea definitivamente problemas de compatibilidad con la normativa española, como aducía el Ejecutivo nacional.

Según explicó ayer la Consejería, el artículo impugnado por el Gobierno central detalla que en la Región de Murcia se consideran instalaciones aisladas, y por tanto exentas del pago de peajes al sistema eléctrico nacional, aquellas que a pesar de no estar aisladas físicamente utilicen medios técnicos que produzcan un efecto equivalente.

Asimismo, este artículo habilita a que las pequeñas instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como es la energía solar, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo, puedan considerarse como instalaciones de intercambio de energía, de forma que la cesión de energía no llevará aparejada contraprestación económica alguna al sistema nacional.

El consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández, señaló que se trata de «una buena noticia para la Región de Murcia, porque abre nuevas y buenas perspectivas de negocio para el sector de las energías renovables». De hecho, añadió el Gobierno murciano, «la propia abogacía del Estado reconoce que el levantamiento de la suspensión podría suponer el desplazamiento a la Región de una inversión anual por valor de 82 millones de euros, como consecuencia derivada de la situación normativa dispar creada respecto al resto del territorio nacional».

Anpier: “Es una decisión magnífica”
Pero, sin duda, nadie tan contento en la Región ayer con la decisión del Constitucional como el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, que la tildó de «magnífica».

Para Martínez-Aroca, «es una buena noticia que deja en vigor la ley regional, que no penaliza a las instalaciones que se asemejan a las aisladas, y que permite animar a los agricultores, a los empresarios, a realizar sus instalaciones en pro de una región renovable, aunque la sociedad esté mareada con tanto cambio normativo». Y es que, según el presidente de Anpier, «lo único que ha conseguido el Gobierno de la Nación defendiendo los intereses de las eléctricas es crear pánico entre los inversores, para los que instalar una planta fotovoltaica era casi como convertirse en un delincuente. No sabían en qué momento iba a llegar la Guardia Civil».

«Lo que ha hecho el Constitucional es imponer cordura -continuó Martínez-Aroca-, decir que la ley regional no es perjudicial para los intereses estatales, ni daña el sistema eléctrico nacional». Y también tuvo un recuerdo para el exministro Soria, «que en vez de potenciar las energías renovables en un país en el que hacían tanta falta, se dedicó a confundir y a penalizar a la sociedad».